El frente interno en la “guerra contra el terrorismo”

Casi todos los gobiernos han desatado más represión desde el 11 de septiembre: bajo presión del gobierno yanqui o a órdenes del mismo y de otros porque corresponde a sus intereses. La represión es una tendencia general, pero no se manifiesta de la misma forma en todos los países, por dos razones.

Primero, la nueva situación mundial no borra la diferencia entre los países imperialistas y los países que oprimen. Como la Declaración del Movimiento Internacionalista Revolucionario explica: “En estos países [oprimidos], la explotación del proletariado y las masas es severa, los atropellos de la dominación imperialista son constantes, y las clases dominantes, por lo general, ejercen su dictadura descarada y brutalmente, y aun cuando utilizan la forma democrático‑burguesa o parlamentaria, su dictadura está apenas bajo la superficie”. India, a veces llamada la más grande democracia parlamentaria del tercer mundo, ha llegado a ser un excelente ejemplo de represión política con la “Ley de Prevención del Terrorismo” de marzo de 2002. La ley avala diversas medidas ya establecidas por decreto presidencial. Proscribe dos organizaciones maoístas que libran lucha armada, el Centro Comunista Maoísta y el Partido Comunista de la India (Marxista-Leninista) (Guerra Popular), que hasta ahora sólo eran ilegales en los estados en que ya libran combates. Y, la ley permite detenciones por más de seis meses sin derecho a juicio a sospechosos de ser miembros, partidarios de grupos definidos como “terroristas”, o hasta personas que sin saberlo los ayudan. La evidencia puede ser de testigos anónimos o de “confesiones” firmadas en custodia policial, aunque sin validez ante la corte, lo que da mayor libertad de torturar. Ésta es una amenaza muy seria a la actividad política legal y a las publicaciones de las grandes ciudades. No obstante, como método de represión, es secundario al aumento de los asesinatos policiales de revolucionarios en “encuentros” simulados y al funcionamiento cotidiano de una sociedad en que las masas, en especial en la mayor parte del campo, en la práctica no tienen ningún derecho en absoluto.

Segundo, aunque las campañas viles y a menudo violentas contra los extranjeros son hoy un fenómeno en la mayoría de los países imperialistas, desde Escandinavia hasta Australia, la situación actual exige un aumento cualitativo de la represión política en los países en la línea del fuego de las nuevas guerras, sobre todo en los Estados Unidos y su íntimo aliado Gran Bretaña, aunque la tendencia no se limita a esos dos Estados.

EL NUEVO TERRENO POLÍTICO EN LOS ESTADOS UNIDOS

La declaración de Bush sobre los “dos frentes” en la “guerra contra el terrorismo” es exacta: para llevar a cabo su guerra contra los pueblos del mundo, su gobierno ha lanzado una ofensiva sin precedente en lo que a él le gusta llamar “el frente interno”.

Aparte de medidas de represión, abarca lo que Bob Avakian, presidente del Partido Revolucionario Comunista, EU, ha llamado: “...una gran escalada de represión política, social y cultural.... los sectores de la clase dominante que ocupan posiciones clave de poder en este momento (el grupo de Bush, independientemente de quién sea el mero mero) están dando la pauta para el conjunto de la clase dominante. Y... quieren ver en el plano nacional una sociedad radicalmente diferente de la que ha existido desde esa época [la guerra fría]” (Obrero Revolucionario [OR] #1143, 17 marzo 2002).

Tres ingredientes importantes de esta ofensiva reaccionaria son la detención de inmigrantes, la suspensión de los derechos democráticos formales y una campaña de censura y represión del disentimiento político, social y cultural.

Algunos expertos jurídicos señalan que el gobierno ha abolido en los hechos el habeas corpus (el concepto jurídico angloamericano que dice que sólo se puede encarcelar a alguien si hay algún fundamento jurídico para hacerlo, y no sólo de manera arbitraria) dondequiera que el poder yanqui llegue, incluso para los extranjeros que viven en los Estados Unidos.

Más de 1.500 extranjeros que residen en los Estados Unidos fueron detenidos tras el 11: de Pakistán, Egipto, Turquía, Yemen y muchos países de todos los continentes. Muchos fueron golpeados, maltratados y amenazados con juicios militares. Algunos fueron incomunicados, sujetos a lo que un informe de Amnistía Internacional llamó “trato cruel, inhumano y degradante”. El gobierno mantiene en secreto la cantidad de detenidos, sus nombres y situación, y los cargos en su contra (si hubo alguno). El 15 de febrero, dijo que se quedarían 327 personas presas por violaciones de su calidad migratoria (a menudo insignificantes) y más de 100 por delitos supuestamente descubiertos tras su detención. Muchos han sido deportados. Además, preparó una lista de 5.000 personas nacidas en el extranjero sujetas a interrogatorios del FBI y a otras formas de intimidación, aunque ninguno había violado alguna ley. El gobierno ha exigido la pena de muerte contra la única persona que reside en los Estados Unidos acusada de tener alguna conexión con los sucesos del 11, Zacarías Moussaoui, un ciudadano francés ya hecho preso antes del 11 de septiembre.

Como un artículo del OR señaló, hay una diferencia entre éstas y similares detenciones en masa del siglo 20 (los arrestos bajo Palmer a inicios de los años 1920, en que 4.000 inmigrantes fueron acusados de ser revolucionarios, encarcelados y muchos deportados, y la internación de 110.000 ciudadanos de origen japonés durante la II Guerra Mundial). Los recientes atropellos van de la mano con nuevas leyes que podrían convertir esta amenaza en una constante. El congreso aprobó la legislación “antiterrorista” con un solo voto en contra; autoriza que el gobierno detenga a los extranjeros por tiempo indefinido sin cargos.

La nueva ley también “manda al diablo –de acuerdo al OR– lo que queda de la protección [constitucional] de requisa y detención de la Cuarta Enmienda de la Constitución, y ampliará enormemente los poderes del gobierno para interceptar” comunicaciones, catear casas abiertamente o en secreto, monitorear cuentas de banco y otros archivos, y llevar a cabo otras formas de vigilancia. Los presos ya no podrán tener conversaciones confidenciales con su abogado. Se proscribirán las organizaciones legales en caso de declarar culpable de “terrorismo” a un miembro, aunque la única evidencia sea una “confesión”. Se han echado abajo las restricciones previas al uso de las fuerzas armadas para realizar acciones policiales dentro del territorio nacional, y se “le da al presidente autoridad para despachar el ejército contra organizaciones e individuos dentro del país”, según el OR.

La legislación sola no describe el clima general en que un vocero de Bush advirtió: “Hay que cuidar lo que se dice y cuidar lo que se hace”. Las manifestaciones han sido recibidas con amenazas oficiales, despliegues policiales masivos y a veces, ataques. El uso de la tortura se discute en los periódicos principales. El gobierno y los medios de comunicación (que las más de las veces, se parecen una y la misma cosa) han azuzado una atmósferapogromista de linchamiento en ciertos sectores de la clase media contra todo lo que no sea suficientemente patriótico, o que no concuerde suficientemente con las virtudes “cristianas” (o a veces “judeo-cristianas”). La esposa del vicepresidente, Lynne Cheney, patrocinó un informe titulado, “Defender la civilización: Las universidades no cumplen su deber con América; ¿qué podemos hacer al respecto?”. Sostiene que “por todo el país los profesores auspiciaron conferencias que iban de equívoco moral a condena explícita de América” y da los nombres de 40 profesores que deberían ser castigados. El “multiculturalismo” (cursos e investigaciones universitarios con el punto de vista de que los hombres blancos cristianos no son el centro del universo) ha estado bajo ataque político y práctico, y ha habido muchas emisiones radiales racistas y fascistas contra árabes y musulmanes.

EL REINO UNIDO A LA VANGUARDIA DE LA REPRESIÓN

Aunque el gobierno de Blair no ha provocado y no podría provocar el mismo grado de histeria como en los Estados Unidos, en ciertos sentidos se ha adelantado al mismo en la legislación de represión política. Sus políticas contra los inmigrantes que solicitan asilo son hipócritas, ya que éstos son una forma importante de emigración de la mano de obra que el Reino Unido tanto necesita hoy. La “Ley Antiterrorismo, Crimen y Seguridad”, aprobada en diciembre, permite que los no ciudadanos sean detenidos por tiempo indefinido sin cargo ni derecho a juicio si la Secretaría de Gobernación “cree y sospecha” que son un riesgo para la seguridad nacional y/o sospechosos de ser “terroristas internacionales”. Esta sospecha puede basarse en evidencia secreta confirmada por un organismo cuerpo judicial que puede sostener audiencias secretas, excluyendo a los detenidos y a su abogado, y basar su fallo en evidencia secreta. La policía ya tenía amplios poderes para interceptar comunicaciones en investigaciones de presuntos crímenes. Con la nueva legislación, guardarán archivos de todas las comunicaciones electrónicas, sin fundamento de sospecha, y de otras actividades de monitoreo.

Esta ofensiva no tiene nada de nuevo en el Reino Unido. La “Ley Antiterrorismo” de 2000 ya estipula la clasificación de “terroristas”, no a partir de la gravedad de un supuesto delito, sino de su “causa política, religiosa o ideológica”, lo que las autoridades pueden interpretar como les guste y usar contra casi toda protesta política o social. La cláusula contra “incitar el terrorismo de ultramar” apunta a las formas de apoyo para las luchas de liberación nacional y guerras populares proscritas, incluso el apoyo verbal o vestirse una camiseta. Con la nueva ley, y las leyes y prácticas previas, el imperialismo británico busca aplastar la lucha contra su dominación sobre Irlanda del Norte, la que ha alcanzado niveles mundiales de crueldad y arbitrariedad en nombre de la ley, como el encarcelamiento sin juicio.

ITALIA DESPUÉS DE GÉNOVA... Y DEL 11 DE SEPTIEMBRE

Italia también ha trabajado como pueda por participar en la guerra contra Afganistán, enviando fuerzas navales, cazas y tropas. La publicación maoísta Rossoperaio (RO), de octubre de 2001, describe la particularidad de Italia: cómo la situación previa al 11 ha permitido “al gobierno abordar las consecuencias de Génova [la protesta antiglobalización de julio de 2001]. Las jornadas de Génova representaron la entrada de una nueva generación al escenario, que ha empezado a transformar la configuración de los conflictos sociales y puesto una nueva fuerza al centro de una situación caracterizada por una mayor agudización del conflicto entre clases(un fin a la concertazione [`sociedad' sindical-patronal], contratos de obreros metalúrgicos, etc., y una mayor conciencia de que se justifica la rebelión). El clima de guerra facilita las medidas de la burguesía para criminalizar al movimiento y echarlo del escenario político. Y justifica la represión contra las fuerzas avanzadas del movimiento a fin de separar el movimiento y el proletariado y facilitar la reconstrucción política y social [por la que clase dominante] ha estado luchando....

“La nueva ley antiterrorista estipula la persecución de `terroristas' extranjeros aunque no hayan hecho nada (una forma de perseguir a los representantes de los movimientos para la liberación de los países oprimidos). Y estipula la ampliación de intervenciones telefónicas, cateos y arrestos sin causa obvia”.

En el número de noviembre-diciembre de 2001, RO agrega: “En Italia, el gobierno de Berlusconi emitió un decreto sobre el crimen de `terrorismo internacional' con un castigo de 7 a 15 años de prisión por `alentar, constituir, organizar, guiar, dirigir y hasta financiar indirectamente, a una asociación' cuyo objeto sea atacar a otro Estado u organización internacional.... En una investigación antiterrorista, la policía judicial puede apresar por 48 horas como medida preventiva de emergencia.... Así, dan carta blanca a las fuerzas del orden, que antes y después de Génova llevaban a cabo una represión general contra los centros [de protesta] social, inmigrantes, trabajadores, grupos revolucionarios y cualquiera que se oponía a la situación actual, para deshacerse de ellos mediante cateos y arrestos”.

LO QUE DEPARA EL FUTURO

No podemos predecir a qué nivel llegarían los ataques de los imperialistas y otros reaccionarios, pues eso depende de muchos factores, como el desarrollo de la situación de guerra, los golpes en su contra en el campo de batalla y la resistencia del pueblo en el frente interno. Si sólo interpretáramos la situación actual a la luz de los “tiempos de paz” previos, no captaríamos sus horrores potenciales ni el potencial para la revolución.

Cuanto más maldad cometan los imperialistas, más posible será unificar los pueblos del mundo en su contra, a pesar de las dificultades de la situación, y cuanto más se quiten su máscara y siembren represión y terror, más generarán condiciones en que quede claro en qué se basa su dominio y qué se necesitará para derrocarlos.

Guantánamo:

“Punto cero” de represión de los Estados Unidos

En la administración de su imperio, la regla que los Estados Unidos quiere que todos entiendan es que no hay ninguna regla. El campo de concentración en Guantánamo, Cuba, es un modelo, en miniatura y en extremo, pero muy real, de su autoproclamado derecho a ignorar la ley internacional, pisotear la soberanía de otros Estados y ejercer la dictadura sobre aquellos que entrometen en su camino.

Cerca de 300 hombres de 26 nacionalidades están presos en esta base naval en tierra arrebatada a Cuba cuando los Estados Unidos ocupó la isla a principios del siglo 20. A los periodistas no se les permite ver a los prisioneros. Según los pocos informes, están confinados en jaulas de alambre de 2.4 por 2.4 metros con techos de lámina, expuestos al sol tropical de día y brisas húmedas de noche, con una cubeta como retrete. Nunca están fuera de la vista de sus captores. El tiempo de ejercicio se limita a dos sesiones de 15 minutos a la semana. Cuando los sacan de sus celdas, los encadenan de manos y pies y les tapan la cabeza. Los oficiales dicen que el FBI y personal militar estén interrogándolos. El 27 de febrero, dos terceras partes de los prisioneros se declararon en huelga de hambre contra las órdenes humillantes, y desafiaron disposiciones contra “conversaciones ruidosas”, coreando y arrojando objetos. Muchos empezaron a comer de nuevo tras ganar algunas concesiones, como el derecho a llevar lentes y cubrirse la cabeza durante la oración, mientras que otros fueron drogados y obligados a comer.

Bajo la convención internacional de Ginebra (que hasta la Alemania nazi acató en el caso de los prisioneros estadounidenses y británicos), se permite detener a prisioneros de guerra durante las hostilidades, pero no se permite castigarlos por haber sido soldados. Los Estados Unidos se niega a reconocerlos como prisioneros de guerra. Pero, procesará a algunos o a todos ante tribunales militares, donde los oficiales (que obedecen a sus superiores) pueden decidir a quién ejecutar. El gobierno yanqui anunció que si por casualidad alguien saliera absuelto, lo podría mantener indefinidamente en Guantánamo. “Si no tenemos interés en una persona, la dejaremos salir,” se jactó un vocero del departamento de Defensa.

El gobierno yanqui no la considera una situación temporal, pues construye más jaulas y desde abril, cientos de prisioneros en dos campamentos militares estadounidenses en Afganistán estaban a la espera de ir a Cuba, y el FBI detenía a otros potenciales presos en Pakistán y otros países.

En Afganistán, las condiciones en que los tienen los señores de la guerra bajo autoridad yanqui, son peores. La cárcel de Jowzjan, según el New York Times (15 marzo 2002), es más parecida a un campo de la muerte que a un centro de detención. La mayoría de los 3.000 presos son soldados y civiles que se rindieron a las fuerzas encabezadas por los yanquis, después de la batalla de Kunduz a fines de 2001. Les dijeron que la ONU iba a encargarse de ellos. Los soldados yanquis los trajeron a esta prisión militar, escogieron algunos para Guantánamo y dejaron al resto a morir lentamente. Mantienen a 75 presos por celda, de un total de 40 celdas, sin atención médica y una muerte lenta por inanición. (La explicación oficial fue clara: el nuevo gobierno instalado por los Estados Unidos no ha asignado comida para ellos.) Oficiales yanquis dicen que tienen a 8.000 prisioneros en los campamentos de Afganistán.

Además, el gobierno yanqui ha llevado a cabo tortura y asesinatos a través de terceros países, una práctica común en los últimos años, y hoy ya es casi una política oficial. Han secuestrado a docenas de personas en los países asiáticos y las han llevado en secreto a terceros países, a menudo Egipto y Jordania, donde sus captores yanquis o sus aprendices locales pueden torturarlos o asesinarlos libremente. “Desde el 11 de septiembre, estas actividades ocurren todo el tiempo”, dijo un diplomático yanqui.