Séptima delegación internacional al Perú

foto, p. 25: Delegados, de izquierda a derecha: Padma Ratna Tuladhar (Nepal), Jaime Bonilla (Colombia), Peter Erlinder (Estados Unidos), Heriberto Ocasio (Estados Unidos), José Enrique González (México), Juan José Landínez (Colombia). El séptimo delegado, Haluk Gerger (Turquía), no aparece en la foto.

fotos. p. 27: Dr. Enrique González Ruiz, delegado del CIE, en las narices del general Juan Gonzáles Sandoval, ex director de la tristemente célebre DINCOTE (policía política). Fotos de un video.

Abajo: Profesor Haluk Gerger, delegado del CIE, se dirige a mitin del Primero de Mayo, Berlín, 2001.

            Durante una semana a fines de marzo y comienzos de abril de 2001, la 7ª delegación del Comité Internacional de Emergencia para Defender la Vida del Dr. Abimael Guzmán [Presidente Gonzalo del Partido Comunista del Perú] estuvo en Lima, Perú. Había nuevas condiciones y problemas que las previas delegaciones no habían experimentado. En medio del tumulto que ruge en el Perú tras el colapso del gobierno de Fujimori, la delegación hizo más avances que nunca antes para crear condiciones en que el gobierno tuviera que permitir la aparición pública del Presidente Gonzalo, de modo que pueda hablar libremente, y permitir comunicaciones con abogados, familiares y amigos. Los delegados (cuatro abogados y tres activistas) lograron dar a conocer la situación con un despliegue de conferencias de prensa, productivas entrevistas en los medios, conversaciones con funcionarios de alto nivel y otras personas, y contacto con las masas en la calle y otros lugares.

            Las autoridades dieron la impresión durante varios días de que era posible visitar al Presidente Gonzalo, pero destrozaron cruelmente esas esperanzas. Los delegados se reunieron varias veces con representantes del Ministerio de Justicia, el general al mando del Consejo Supremo de Justicia Militar, que aún tiene jurisdicción del caso a pesar del reciente cambio de gobierno y la Defensoría del Pueblo. En todas esas reuniones, en sí un avance en comparación con la anterior respuesta que han recibido las delegaciones, las autoridades tuvieron que aceptar que no había base legal para negarle al Presidente Gonzalo contacto directo con sus abogados (uno de los delegados es su abogado internacional). Aunque las autoridades recibieron cortésmente a los delegados y no los arrestaron y expulsaron como pasó en el gobierno anterior y aunque el gobierno de transición se fingió distanciarse de la dictadura de Fujimori, aún así no cumplió con las normas jurídicas que dice apoyar.

            Los delegados lucharon en los frentes legal y de opinión pública. Lanzaron un ?Mensaje el pueblo peruano? en una rueda de prensa el 29 de marzo en Lima, a la cual asistieron nueve canales de televisión y emisoras que se escuchan en las remotas regiones del campo, y una horda de corresponsales de la prensa nacional e internacional. Su mensaje dice, en parte: ?Hemos acudido ante las autoridades civiles y militares en demanda de entrevistar al Dr. Abimael Guzmán y verificar su estado de salud y bienestar, y tenemos esperanzas de poderlo lograr.

            ?La preocupación por la suerte del Dr. Guzmán en todos los rincones del mundo es tanto más importante por cuanto que la dictadura de Fujimori-Montesinos utilizó su aislamiento para pretender hablar en su nombre. Es inaceptable atribuirle al Dr. Guzmán declaraciones mientras él no lo haga en forma directa ante los medios de información masiva y sin presiones de ninguna índole. Ningún gobierno tiene la potestad de hablar en nombre de sus prisioneros políticos. Y, por supuesto, la única forma de verificar los cambios que señala el gobierno frente a su tratamiento es que el Dr. Guzmán pueda expresarse personalmente?.

            El Presidente Gonzalo hizo su última aparición el 24 de septiembre de 1992, cuando el gobierno orquestó una ?sesión de fotos? ante una manada de chacales de la policía y prensa reaccionaria. Con su potente discurso, sacudió al gobierno y inspiró al mundo, llamando a continuar la Guerra Popular. Tras un corto juicio militar secreto, lo encerraron en una celda subterránea especial donde, anunciaron, él seguiría en aislamiento absoluto hasta la muerte; luego, sentenciaron a cadena perpetua a su abogado. El gobierno de Fujimori declaró que el Presidente Gonzalo, ante todo, y cualquiera acusado de apoyar o simpatizar con la Guerra Popular bajo su dirección, eran ?terroristas? sin derechos y merecedores del trato más infrahumano y arbitrario. La presencia de una delegación tan representativa de cinco países, sin precedentes, con un delegado de Nepal (la primera vez que un potencial delegado del sur de Asia logra que el gobierno peruano le otorgue una visa), asestó un golpe al plan del gobierno de transición de continuar esta política con leves cambios.

            Los delegados conversaron con la prensa y contestaron preguntas de los reporteros. Haluk Gerger, un periodista de Turquía y partidario de la lucha de los presos políticos revolucionarios contra las celdas de aislamiento tipo F ahí, respondió a una pregunta provocadora de quién le pagaba por ir a Lima y le volteó la tortilla para expresar el firme apoyo en Turquía y otros países a la delegación. Padma Ratna Tuladhar, ex ministro de Trabajo y Salud de Nepal, asumió una posición clara: ?Bueno, yo soy de Nepal, un país lejos del Perú. Nuestro país es el país de los Himalayas y tenemos la más alta montaña, el Everest. En nuestra parte del mundo, que es el sur de Asia, especialmente en la India y Nepal, Sri Lanka y Bangladesh, el Camarada Guzmán es altamente respetado como uno de los grandes líderes revolucionarios del mundo. Por eso cuando lo arrestaron y se supo que lo estaban tratando mal en la prisión, especialmente que lo tenían en una especie de jaula, hubo mucha preocupación por su vida?.

            Peter Erlinder, uno de los dos abogados defensores del Presidente Gonzalo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, también respondió tajante a las acusaciones de ?terrorismo?: ?La definición suya o la mía de quién es, o quién no es, terrorista, no tiene mayor importancia con respecto al derecho internacional y el tratamiento de individuos acusados de un crimen, y todo intento de categorizar a un prisionero con una etiqueta política es completamente contrario al derecho internacional?. Heriberto Ocasio, médico y activista del Comité de Apoyo a la Revolución en el Perú de los Estados Unidos, también respondió a esas preguntas: ?Con respecto a lo que usted dice sobre la guerra que ha dirigido el Dr. Guzmán, debemos decir que aunque nosotros [la delegación] tenemos diferentes puntos de vista, diferentes ideas políticas, ideologías y métodos de lucha, hay una cosa en que estamos todos de acuerdo, y es que no aceptamos la forma en que el gobierno de Fujimori y Montesinos, y también los Estados Unidos, a través de la CIA y otras agencias, trata de categorizar a los movimientos, llamándolos terroristas, y ese tipo de cosas; no lo aceptamos, porque lo utilizan para negarle al pueblo sus derechos fundamentales?. Al día siguiente, el abogado Enrique González, el delegado del Comité Internacional de Emergencia de México, debatió en televisión con un ex general de la DINCOTE, la notoria policía ?antiterrorista?.

            Cuando los delegados tuvieron la oportunidad de caminar por las calles del centro después de la rueda de prensa, la gente expresaba fuerte apoyo, al igual que los mensajes que recibieron en sus habitaciones del hotel. Muchos delegados ya habían participado en delegaciones anteriores y esta vez comentaron el ambiente volátil, altamente cargado. En la plaza central, las masas armaron debates e incluso expresaron abierto apoyo (si bien con cautela) a la Guerra Popular. Este ambiente contrasta marcadamente con las condiciones de mayor represión y medidas policíacas que atestiguaron en previas visitas. Eso fue solamente un elemento del ambiente; los delegados tuvieron que bregar por no dejarse adormecer por los cambios engañosos de la respuesta del gobierno.

            Con la caída de Fujimori y la extradición de su brazo derecho, Montesinos, para regar más mierda en público como parte de las riñas intestinas de las clases dominantes del país, hay nuevas posibilidades de desarrollar diversas formas de la lucha popular. Tanto el gobierno de transición con que habló la delegación como el recién electo gobierno de Alejandro Toledo que entró en funciones el 28 de julio, cuentan con el mismo respaldo y están igual de subordinados al imperialismo yanqui que el gobierno de Fujimori: o sea, a 100% sin reservas.

            Después de que las autoridades de alto nivel de tres entidades, especialmente el Ministerio de Justicia, dieron la impresión durante varios días de que era legal y posible visitar al Camarada Gonzalo, el 2 de abril el Ministerio de Justicia le informó a la delegación que la visita no podía tener lugar. En un comunicado de prensa, la delegación señaló la contradicción entre la admisión de la Defensoría del Pueblo, el Consejo Supremo de Justicia Militar y el Ministerio de Justicia de que el aislamiento era ilegal y su distanciamiento de la descarada brutalidad y franco terrorismo del gobierno de Fujimori, de un lado, y del otro, su negativa a actuar en consecuencia.

            En la rueda de prensa, el Dr. Juan José Landínez, uno de los delegados de Colombia, dijo, tajante, que la delegación tuvo que repetir la mismísima solicitud que hicieron delegaciones anteriores y que la negativa del gobierno actual a parar el aislamiento del Dr. Guzmán era ?una clara violación de las normas internacionales y peruanas [de derechos humanos]?.

            El caso de Lori Berenson denuncia claramente las diferencias superficiales y las semejanzas básicas entre el antiguo y nuevo gobiernos. Berenson, una estadounidense, ha estado encerrada cinco años en condiciones durísimas, desde que fue condenada de colaborar en una acción del MRTA (acción que nunca ocurrió y a la cual ella nunca tuvo una relación directa) por jueces militares sin rostro. La comunidad internacional criticó y ridiculizó bastante al juicio como una farsa de justicia. Por último, Fujimori tuvo que permitir un nuevo juicio. El nuevo juicio salió casi igual al primero y el 20 de junio, la condenaron a 20 años de cárcel. En la prensa, el ministro de Justicia del gobierno de transición, Diego García Sayan, conocido como ex ?radical? de los años 1970 a quien algunas personas apoyaron como la esperanza de obtener justicia en el gobierno de Toledo, expresó su satisfacción con la sentencia.

            En este contexto político, sería una locura esperar que las ruedas de la justicia imperialista dejen de moler a las masas y en especial a sus líderes revolucionarios. Como dijo Mao, a veces el enemigo dispara balas de verdad y a veces las combina con proyectiles almibarados, que en este caso incluyen promesas, afirmaciones vagas y cambios de estilo, pero nada de sustancia. Tanto el gobierno de transición como el nuevo representan las clases dominantes peruanas en su conjunto (tal vez más de lo que hizo Fujimori) y están empecinados (como demuestran sus acciones militares, la persecución de presuntos líderes del PCP, arrestos, etc.) en usar las dos clases de balas para aplastar la Guerra Popular, la única esperanza del pueblo. Con sus implacables denuncias, la delegación y el CIE, y la campaña internacional de la que son parte, están desenmascarando las mentiras y las contradicciones del gobierno, a fin de obligarlo a cumplir con la demanda central: la presentación pública del Presidente Gonzalo. Ello también da ayuda y apoyo concreto a las luchas populares en todas sus formas.

            Han salido informes sin confirmar sobre unas cortas huelgas de hambre del Presidente Gonzalo por sus condiciones de aislamiento. No podemos aceptar tales informes no verificados del gobierno peruano y la prensa reaccionaria, pero aumenta la preocupación por la vida y bienestar del Presidente Gonzalo.

            Es más, miles de presos políticos y prisioneros de guerra están en los penales del Perú, sujetos a diario a bárbaras condiciones e incluso la muerte. El más conocido de ellos es el Camarada Feliciano (Oscar Ramírez Durand), quien asumió la responsabilidad de dirigir después de la detención del Presidente Gonzalo, hasta que las autoridades finalmente lograron capturarlo y encerrarlo en el mismo penal subterráneo. Debemos también defenderlo y romper su aislamiento.